La vía política está en vía muerta… ¿definitivamente?

 

Cabe temer esto tras constatar la posición de las principales fuerzas políticas:

a)    Iniciamos la revisión con las declaraciones del Secretario General de UGT en TVE, reiterada luego, también por el S.G. de CCOO, en el Foro de la Justicia. (Muchos compañeros suponen que los sindicatos mayoritarios defienden más el negocio de las academias de opositores que a los trabajadores más precarios de todo el sector público. Todos nos escandalizamos de que consientan, con los planes de estabilización de las LPGE de 2017 y 2018, el intercambio de unos trabajadores –en abuso- por otros –los nuevos opositores-.)

b)    Luego conocimos las medidas propuestas ante las elecciones autonómicas catalanas. Y nos referimos especialmente a las del PSOE y del PP, porque les suponemos una línea similar en el resto del Estado.

c)    La posición del PP en la Asamblea de Madrid que, por su importancia, puede considerarse un segundo Parlamento Nacional.

d)    El acuerdo tácito PSOE-PP a la hora de vetar la proposición de Ley de Compromís en el Senado, que reclamaba un proceso de consolidación por concurso de méritos.

e)    El debate sobre la enmienda transaccional presentada por el PSOE a la Ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de Castilla y León. Y queremos destacar los argumentos del PSOE y el PP (y Ciudadanos, por incomparecencia y a pesar de su PNL en el Congreso de los Diputados y su posición ante las elecciones catalanas, ya referida más arriba).

 

Como “resumen detallado” (permitidme la contradicción):

a)    PP, PSOE, UGT, CCOO y CSIF defienden las cuatro esquinitas del mismo castillo: los procesos de estabilización, que son válidos mientras no se reconozca el abuso. (Dicho de otro modo, la Administración no se opone a conceder la "fijeza": se opone a la inspección, para que no se detecten los abusos que merecerían la sanción, sea la fijeza u otra. Vamos, que la fijeza no es el problema: el problema es la ausencia de inspección con los criterios del TJUE.)

b)    Unidas PODEMOS ejecuta, desde Moncloa, un plan reforzado de inspección a la empresa privada, pero olvida que la misma y única fuente de legalidad para combatir los abusos, en lo privado y en lo público, es la Directiva 1999/70/CE, que rige para ambos sectores por igual.

c)    Ciudadanos, en el Congreso (Pablo Cambronero, Edmundo Bal) y en Cataluña, es coherente con la línea iniciada en el Parlamento Europeo (preguntas del eurodiputado Jordi Cañas: una, dos y tres), pero se ve amordazado –¿?- por el PP, con quien gobierna en coalición en comunidades como Castilla y León.

d)    Los partidos minoritarios (es decir, con una representatividad muy irregular en los diversos parlamentos autonómicos) han prestado su voz a los empleados públicos temporales pero o no se les ha transmitido de forma precisa y constante el problema del abuso (y lo han confundido con una demanda de acceso “facilitado”) o no han sabido ponderar justamente la situación, por problemas de agenda, de disposición o –insistimos- de criterio desinformado. Así, por ejemplo, la curiosa propuesta inicial del PNV y la registrada por el senador Clemente Sánchez-Garnica –abducidas ambas por la del PSOE- o la moción del senador Carles Mulet.

e)    Ninguna Administración Pública quiere reconocer la situación de abuso. Así, en un “vuelva usted mañana” corregido y aumentado, los partidos del gobierno de la nación defienden que las tasas de temporalidad en la AGE ya son inferiores al objetivo del 8% y que, en consecuencia, es un problema de las CCAA (como si en estas no gobernaran). Desde el tejado de enfrente, los gobiernos autonómicos reclaman directrices comunes en el BOE, olvidando que conservan toda la responsabilidad y todas las competencias sobre su propia Función Pública.

f)       Y todos, sindicatos y partidos políticos, confunden el problema de la elevada temporalidad (que podría ser lícita, aunque no sea deseable) con la ilegalidad del abuso de la temporalidad. En consecuencia, (se) enredan con debates estériles sobre las tasas de reposición y futuras –pero innecesarias- modificaciones legislativas, pero ninguno asimila que la norma UE obliga a la inspección de CADA relación temporal (inicio, renovación o cese) como único medio de prevenir y detectar los posibles abusos que, además, requieren de sanción a la Administración incumplidora y reparación de las consecuencias del abuso sobre el trabajador. Estas medidas de sanción y reparación no están enumeradas en la Directiva 1999/70/CE (eso es lo que significa que la cláusula 5 de su Acuerdo Marco no sea directamente aplicable), pero sí que son imprescindibles. Estas medidas de sanción y reparación pueden ser las que decida la autoridad nacional, sean las que sean, mientras que sean conformes con la jurisprudencia del TJUE. (A este respecto, recordemos aquí la Resolución del Parlamento Europeo de 31 de mayo de 2018.)

g)    Por “completar la figura retórica” y, sobre todo, el caos, la autodenominada “Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT)”, la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC) y la Asociación Sindical Independiente de Justicia (ASIJ) convoca, organiza y apoya, respectivamente, una concentración en las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las Comunidades Autónomas, para el próximo 19 de marzo. (De paso, como entidad adherida a la Agrupación Trabajadores Temporales Públicos –TTPs-, quiero dejar constancia del rechazo absoluto al enorme despropósito que supone la concentración citada, totalmente contraproducente y fuera de lugar.) Se decide así quemar toda Roma culpando a los Tribunales de todos los males: el criterio equivocado de algunos jueces, la irresponsabilidad impune de la Administración y el poder político y sindical, la torpe argumentación de algunas demandas de estabilidad, los propios tiempos de la Justicia y la absoluta falta de unidad –y la pasividad, en informarse y movilizarse- del colectivo. (Falta de unidad, por otra parte, propiciada por los mismos intereses políticos que conocemos dentro de la citada CEPPT -¿no os recuerda al logo de la extinta CCCP?- y que sabotearon a la PI –plataforma nacional de interinos- y al proyecto electoral europeo de CLAVE, entre otros.)

 

Soy muy pesimista. La vía política está en vía muerta a día de hoy. No sé si de forma definitiva. Dependerá de que los partidos políticos, los que alguna vez nos han escuchado y los que sólo se han puesto para la foto, ponderen de forma valiente y correcta la situación y las consecuencias sociales y económicas sobre los cientos de miles de empleados públicos temporales que accedieron a la función pública superando los procesos selectivos –firmes y no controvertidos- que determinaron las Administraciones y que han ejercido y ejercen en aquellos puestos de trabajo que otros no desean, y en condiciones de precariedad y sometidos a la arbitrariedad de quienes los emplean. A estos cientos de miles de empleados públicos temporales únicamente se les ofrece la posibilidad de estabilidad con nuevos procesos selectivos de libre concurrencia, confundiendo y enfrentando el derecho adquirido (los trabajadores en abuso) con la expectativa de derecho (los nuevos opositores). El cese (despido libre y gratuito en pleno siglo XXI) de estos cientos de miles de empleados públicos temporales acaso disminuya el paro juvenil, pero lo será a costa de incrementar el paro de larga duración (femenino y en edades superiores a los 50 años). Esto también se oculta a la UE.

 

Es cierto, como dijo Mulet, que “la única batalla que se pierde es la que se abandona [y que] los funcionarios en fraude de ley –debió decir “abuso”-, tienen la razón de su parte y se pongan como se pongan aquí en esta comisión, o en el Gobierno, van a conseguirlo”. Pero la batalla hay que pelearla ya en los otros frentes que permanecen vivos: Europa y la Justicia. Por supuesto. Porque, si la vía política está en una vía muerta, tampoco tienen sentido ya las movilizaciones que buscaban apoyar el objetivo único y declarado de activar los controles de la legalidad sobre la contratación de los empleados públicos temporales.

 

Veremos.

 

José Gómez Fernández, presidente del Sindicato Segoviano de Veterinarios (SISEVE), entidad adherida a la Agrupación Trabajadores Temporales Públicos (TTPs).