Este pasado día 14 de
este mes de septiembre se debatió y votó la Moción consecuencia de una
interpelación urgente del Grupo
parlamentario Mixto. El debate ya aparece en el Diario de Sesiones del
Congreso [1]
También
tenéis aquí la grabación en vídeo del debate.
Queremos señalar lo que
entendemos más interesante y añadir un breve comentario final.
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas,
defendió su moción sobre la solución que va a dar el Gobierno a la situación de
fraude de ley y abuso de la temporalidad de los empleados públicos y denunció hechos
incontestables: que no es asumible elegir cuándo se cumple la Ley (“Lo que hemos aplicado, inspeccionado y exigido
al mercado laboral privado no lo han aplicado las administraciones públicas”)
y que el incumplimiento continuado de las Administraciones ha causado un
problema social de enorme magnitud (“…cientos
de miles de ciudadanos de esta país … estamos hablando de muchas personas, la
mayoría mujeres…”).
Esquerra
Republicana de Cataluña (ERC, Pilar Vallugera)
se dirigió sobre todo al gobierno y destacó muy claramente los costes sociales
y humanos de no afrontar el abuso de la temporalidad de manera conforme al
Derecho de la UE: “estamos por dar
estabilidad a las personas, no a las plazas, porque hablamos de colectivos que
se van a convertir por nuestra acción en vulnerables … y que está en un momento
de su vida en el que la empleabilidad es bajísima”. Y preguntó directamente
si “¿por la desidia de las
administraciones en el momento de convocar las OPE … por la renuencia a dar
tasas de estabilidad … por las políticas austericidas [de limitaciones
presupuestarias] … vamos a dejar a entre
trescientas mil y ochocientas mil personas en la calle después de años y años
...? … ¿Vamos a hacer esto, Gobierno
socialista y de Unidas Podemos? Y añadió dos peticiones: “… lo
que les pido es dar marcha atrás … consciente
del esfuerzo que es dar marcha atrás y decir que el equipo de Iceta
se equivocó” y, de tanto calado como la anterior
“…hagamos una legislación que por una vez
no haga pagar a la ciudadanía el abuso que hemos cometido las administraciones,
todas las administraciones, en todo el Estado y de todas las formas posibles”.
La réplica del Partido Nacionalista Vasco (PNV, Mikel Legarda)
señaló la extemporaneidad de la iniciativa y consideró que “las alternativas que se planteaban en el
decreto-ley [se está refiriendo al RDL 14/2021, el “icetazo”] deben hablarse y deben formularse vía
enmiendas al proyecto de ley”.
La intervención de Ciudadanos (Cs, José Mª Espejo-Saavedra)
matizó que la extemporaneidad podía ser de procedimiento, pero no política
porque el “asunto [de la excesiva –y
abusiva- temporalidad] sigue encima de la
mesa”. Recordó también que la iniciativa de Oramas coincidía en propuestas
previas de Ciudadanos, como “la
realización de un mapa del fraude” y el objetivo último, compartido con Esquerra Republicana, de “que todos los empleados públicos en
situación de abuso vean garantizados sus puestos de trabajo”, porque “no deben verse sin trabajo por un
funcionamiento anormal e ilegal de la Administración, que es solo
responsabilidad de esta”.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG, Rego Candamil) advirtió algo
manifiesto, que el RDL 14/2021 no incorporaba “una solución excepcional a la cuestión de la temporalidad acumulada
apostando por unos verdaderos procesos de consolidación”. De la misma
forma, debemos resaltar que el
Gobierno de PSOE-Unidas Podemos ha obviado, tanto en el RDL como en el Proyecto
de Ley (PL) que se está tramitando, la necesidad de una disposición transitoria
referida a los casos de abuso cometidos antes de la entrada en vigor de dicha
norma.
El Partido Demócrata de Cataluña (PdeCat, Bel Accensi) denunció que el
Gobierno “está con la tranquilidad de …
un real decreto [el RDL 14/2021] que
ya está en vigor, que aunque pasen los días continúa en vigor y, si se demora,
… el Gobierno está en la posición que quería estar”.
Junts
per Catalunya (JuntsxCat, Josep Pagès i Massó)
abundó en la crítica del PdCat y describió la cruda situación real: “La cuestión ya no es dar respuesta al fraude
de ley por el abuso en la contratación temporal de trabajadores públicos, que
también. La cuestión es otro fraude, el vigente decreto-ley [el RDL
14/2021] convalidado lamentablemente … En
contra del derecho europeo y la jurisprudencia del TJUE, el decreto-ley aprobado
no solo no sanciona el fraude, sino que supone una laminación de los derechos y
de la estabilidad laboral de centenares de miles de trabajadores públicos,
especialmente de ámbitos muy feminizados, como la educación, la sanidad o los
servicios sociales, que ahora están expuestos a ser expulsados de sus empleos,
ahora mismo, con el derecho vigente. … Algunos … dieron por buenas promesas del
Gobierno que no hemos visto escritas en ninguna parte [se está refiriendo a las de la tramitación de un PL, que se está
haciendo, es verdad, pero que no sabemos cuándo ni cómo culminará, y del que
desconfiamos que el Gobierno del PSOE-Unidas Podemos acepte una corrección
suficiente como para cumplir con el Derecho de la UE]”.
Desde Unidas Podemos (UP), el diputado Pedro A. Honrubia dio
la impresión de que su grupo estaba más en la oposición que en el Gobierno
cuando se redactó, aprobó y convalidó el RDL 14/2021, cuando dijo “ya expresamos nuestras dudas con el
contenido … [porque] … entendíamos
que el abuso que se había cometido … no se corregía de forma suficiente y que,
por tanto, era necesario buscar algunos mecanismos que hicieran que la
respuesta que las administraciones dieran a ese abuso no fuera cometer una
injusticia todavía mayor, que es que perdieran su puesto de trabajo, quedándose
en muchos casos, como se ha dicho, en situación de vulnerabilidad y en muchos
casos, porque son personas de más de 52 [y mayoritariamente mujeres,
debemos recordar], incluso que tengan que
pasar directamente a ser dependientes de un subsidio del Estado”. (Claro, cabe
preguntarse ahora si estas “dudas” eran y son tan despreciables como para que
la vicepresidenta Yolanda Díaz
felicitara públicamente al ministro Iceta
por el acuerdo del RDL.)
Creemos sin embargo que, como partido de Gobierno,
hay que destacar, sobre todo, esta parte de su intervención:
“todos sabemos que aquí se está llevando
a cabo la trasposición parcial de una directiva europea. Es decir, las
sentencias del TJUE nos han dicho que la normativa española no cumplía
suficientemente con la Directiva Europea 1999/70 y hay un procedimiento de
infracción abierto para ver si se cumple con la cláusula quinta del acuerdo
marco … Sin embargo, no entendemos por qué en el texto del real decreto-ley no
se reconoce que se está llevando a cabo la trasposición de esta directiva.
Nosotros creemos que ese en un hecho que no es menor … Por ejemplo, lo que se
plantea en esta moción sobre la conversión en fijo a extinguir o la propia utilización del 61.6 del EBEP
requiere carácter de excepcionalidad, y
ese carácter de excepcionalidad tiene que estar vinculado a una situación que
es única e irrepetible. Eso se da, por ejemplo, con el hecho de que se produzca
la trasposición de una directiva … Si se reconoce que se está produciendo esa
trasposición, sería más fácil llevar a cabo algunas de las soluciones que se
están planteando y sería más fácil que el mayor número posible de estas
personas no perdieran su puesto de trabajo …”.
De parte de VOX, el diputado Rodríguez Almeida denunció
la realidad: “los políticos se permiten
incumplir las normas que ellos mismos habían impuesto, tanto al sector público
como al privado”. Y coincidió, sin decirlo, con Coalición Canaria (Ana Oramas)
y Ciudadanos (Espejo-Saavedra),
cuando reclamó “una auditoría para
conocer realmente el problema: qué plazas están afectadas, cuántos interinos
hay, qué posiciones están ocupando, cuáles son sus circunstancias personales:
edad o tiempo para la jubilación, por ejemplo”. Porque “¿cómo pudo el ministro Iceta presentar una
ley [el RDL] para solucionar un
problema que él mismo reconoce desconocer?”.
Desde el Partido Popular, la diputada Llanos de Luna recordó
los “dos grandes acuerdos de
estabilización y consolidación del empleo público temporal con el compromiso de
reducirlo al 8%”. Debemos
subrayar que estos “acuerdazos”, que mantiene y reedita el RDL 14/2021 de
Iceta, confunden la temporalidad lícita, la que debe quedar por debajo del 8%,
con la temporalidad abusiva, que debe ser erradicada. La distinción es
esencial, pero no se hizo antes ni se hace ahora porque no hay una “inspección
de trabajo” para el sector público. De esta forma, lo que se consigue es
ocultar el incumplimiento de las Administraciones a sí mismas, a la sociedad y
a la Unión Europea. De hecho, la propia Llanos de Luna admite que “el grave problema que hay que abordar con
rigor y que RDL 14/2021 no soluciona, cerrando el falso el grave problema de la
temporalidad”, pero no acierta al señalar la causa de ese cierre en falso:
que el RDL no es conforme con el Derecho de la UE, en definitiva, que continúa
incumpliéndolo.
Desde el Partido Socialista Obrero Español, la
diputada Isaura Leal dio
la impresión de querer confundir a los menos informados al decir que el RDL
14/2021 “fue convalidado y se encuentra
en la actualidad en tramitación parlamentaria como proyecto de ley”. Esto no es cierto y como más arriba
hemos recordado la intervención del PdeCat,
no vamos a insistir en ello. Y demostró la posición permanente de su grupo:
procesos de estabilización (que ya hemos dicho que confunden temporalidad
lícita con temporalidad abusiva, ocultándola, porque no puede detectarse sin
inspección), coincidiendo en esto con el PP,
y la defensa de las bondades del RDL (“sostenello y no enmendallo”), a pesar de
las críticas –hasta constructivas- de Unidas
Podemos, socio de gobierno. No
acabamos de ver que este enrocamiento posibilite un acuerdo decente, es decir,
acorde con el Derecho de la UE, para el Proyecto de Ley que se tramita.
Hasta
aquí los hechos. ¿Cuál es nuestro comentario?
Ningún debate político es
un compartimento estanco, ajeno a otras tensiones entre los grupos, y el de
ayer no fue una excepción. Tampoco el debate sobre el abuso de temporalidad se
limita al de esta moción, sino que continuará vivo en la tramitación del
Proyecto de Ley.
Ya sabéis que, desde USCAL,
hemos presentado a todos los grupos parlamentarios propuestas de
enmiendas al articulado del Proyecto de Ley.
Coalición
Canaria, Ciudadanos
y VOX consideran necesario
establecer los criterios para determinar qué relaciones son abusivas, porque
ello permitirá crear “un mapa de abuso” y actuar en consecuencia.
(Estos criterios,
necesariamente, deben ser los marcados por el TJUE: el abuso es un concepto del
Derecho de la UE y el TJUE es el único capaz de interpretar la norma UE.)
Creemos que es fundamental una “inspección de trabajo” –con los
criterios marcados por el TJUE, no nos cansaremos de repetirlo-, porque, sin
inspección y detección de los casos de abuso, sobra todo lo demás. Sin
detección del abuso, no cabe la protección de la Directiva ni la del Derecho UE
y de esto es de lo que estamos hablando.
Y el resto de grupos, conscientemente o no, yerran en el debate
haciéndolo girar sobre los procesos de estabilización, en el que, por otra
parte, también se confunden las propuestas, presentando como alternativas las
que no son tales. Expliquemos
mínimamente esto:
a) la
conversión en “fijo a extinguir” al personal en abuso es una sanción al abuso,
es decir, implica una inspección previa y el reconocimiento previo del abuso;
b) el
concurso de méritos NO es una sanción al abuso, sino un proceso selectivo que,
necesariamente, debe ser de libre concurrencia, es decir, abierto a todos y sin
que implique la inspección para la detección del abuso; (por eso "a" y "b" no son alternativas entre ellos)
c) cuando
se habla de concurso de méritos para los trabajadores en abuso (es decir,
previa inspección y detección de ese abuso), este no sería entonces un proceso
selectivo, sino un mero procedimiento de ordenación a los efectos de elección
de las plazas vacantes ocupadas por personal en abuso.
d) Si
se habla (que no debería hacerse) de concurso “restringido”, sería el referido
en la letra c) anterior.
Por otro lado, conocer,
como expuso Esquerra Republicana, la
dimensión económica, social y humana del problema, es también imprescindible. Y
conocerlo en detalle debiera ser una prioridad para los partidos de gobierno
(nacional y autonómicos) y para aquellos que aspiran a serlo.
Nos llama la atención que
en el debate no participaran ninguno de los diputados de Compromís (Joan Baldoví, por ejemplo), cuando
ese grupo, en el Senado, tiene miembros tan batalladores como Carles
Mulet), ni los de Más País-Equo-Los Verdes (Íñigo Errejón).
Ambos grupos se abstuvieron en la convalidación del “icetazo”, el RDL 14/2021.
No sorprende la ausencia de Pablo Cambronero, a quien debemos
agradecer siempre que llevara el debate al Congreso con su proposición no de
ley [2], ni sorprende la de la CUP, que ya ha presentado una enmienda
a la totalidad al Proyecto de Ley que se está
tramitando estos días.
Habrá que seguir insistiendo a los grupos políticos que, en la
elaboración del Proyecto de Ley, deben apartar todo condicionamiento que no sea
el de cumplir con el Derecho de la UE. Y que la regulación debe extenderse a
todos los supuestos de abuso, que dependerán de las particularidades de cada
categoría o clase de relación temporal, sin que sea aceptable el “café para
todos”. Y que tal regularización debe abarcar a todo el sector público, tanto a
los que accedan al empleo público tras la entrada en vigor de la nueva ley como
a quienes accedieron al empleo público antes, a través de la correspondiente disposición
transitoria.
Mientras tanto, el
diputado Bel Accensi
(PdCat) acertó plenamente al denunciar, como recordábamos más arriba, que el
Gobierno “está con la tranquilidad de …
un real decreto que ya está en vigor,
que aunque pasen los días continúa en vigor y, si se demora, … el Gobierno está
en la posición que quería estar”. (Aunque nos queda la promesa de VOX de presentar un recurso de inconstitucionalidad al RDL 14/2021)
En este “mientras tanto”,
que empezó hace 20 años de nada, el limbo jurídico al que estamos sometidos es
ya el caos idóneo para confundir al trabajador, a la opinión pública y a
Bruselas, donde habrá que continuar con todas las actuaciones que sean necesarias.
La litigiosidad aumentará, aunque el coste, como siempre, ante la inactividad o
incompetencia del legislador y la Administración, lo están asumiendo ya el
ciudadano y las víctimas de las conductas ilícitas producidas en el Sector
público. Coste al que se suma el miedo a represalias que más de uno sufre y que
le paraliza para demandar. Eso sí, hasta que se ve en la calle.
[1] Moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo parlamentario Mixto, sobre la solución que va a dar el Gobierno a la
situación de fraude de ley por abuso de temporalidad de los empleados públicos
tanto en Canarias como en el resto del Estado. (Número de expediente
173/000088), https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-121.PDF, pág. 45 y ss.
[2] Proposición No de Ley relativa al establecimiento de
sistemas específicos de inspección y régimen sancionador para las
Administraciones que realicen conductas abusivas en materia de contratación
pública, específicamente en la contratación sucesiva del personal temporal en
fraude de ley. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de
expediente 161/001894): https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-320.PDF, pág. 23 y ss
