USCAL MUESTRA TODO SU APOYO A LA MOCIÓN CONSECUENCIA DE LA INTERPELACIÓN URGENTE SOBRE LA SOLUCIÓN QUE SE VA A DAR A LA SITUACIÓN DE FRAUDE DE LEY Y ABUSO DE TEMPORALIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE CANARIAS Y DEL RESTO DEL ESTADO.
Y ANIMA A TODOS LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS A SECUNDAR UNAS MEDIDAS PLAUSIBLES, PERFECTAMENTE
ENJUICIADAS Y MOTIVADAS POR LA DIPUTADA NACIONAL DÑA. ANA Mª ORAMAS
GONZÁLEZ-MORO, DE COALICIÓN CANARIA.
El Grupo Parlamentario
Mixto, a instancia de la diputada Dña. Ana Oramas (Coalición Canaria), ha
presentado una moción consecuencia de interpelación urgente sobre la solución
que va a dar el Gobierno a la situación de fraude de ley por abuso de temporalidad
de los empleados públicos tanto en Canarias como en el resto del Estado.
(173/000088). Esta moción se debate y vota hoy en el Congreso y está de “rabiosa
actualidad” pues supondría una aproximación a la solución, conforme a la
Directiva 1999/70/CE y a la jurisprudencia europea, al problema de la
precariedad que atenaza a más de 800.000 personas en todo el país.
La moción insta al
Gobierno de España a modificar el Estatuto Básico del Empleado Público –EBEP-
(modificado recientemente por el RDL 14/2021) en los siguientes términos:
1.
Permanencia de los
empleados públicos que se hallen en abuso de temporalidad;
2.
Determinación e
inclusión en las RPTs o en las plantillas de aquellas plazas o puestos que
deben considerarse permanentes, por estar servidos por personal en abuso;
3.
Publicación del
inventario de plazas y personas que superen los 3 años de nombramiento o
contrato, de forma ininterrumpida o mediante concatenación;
4.
Exclusión de las plazas
afectadas por abuso de todas las OPEs convocadas y futuras;
5.
Suspensión de las OPEs
que articulen procesos de estabilización o consolidación, por cuanto no son
medidas sancionadoras del abuso.
Desde la Unión Sindical
de Castilla y León –USCAL- agradeceremos todas las iniciativas que permitan
mantener sobre la mesa la imperiosa necesidad de solución para los más de
800.000 empleados temporales de todo el sector público en toda España. Este
monumental fracaso de la Función Pública, veinte años después de la entrada en
vigor de la Directiva 1999/70/CE, justifica sobradamente el despliegue social,
mediático y político de estos últimos meses.
USCAL, desde su
condición de sindicato mayoritario de la Función Pública, ha presentado a todos
los grupos parlamentarios del Congreso propuestas de enmiendas al articulado
del Proyecto de Ley, que pasan por establecer, conforme dispone la cláusula 5
del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70, lo siguiente:
1.- Criterios para
establecer cuándo una relación temporal se considera sucesiva
2.- Límites objetivos
y/o temporales a la sucesión de contratos.
3.- Sanción
proporcionada, efectiva y disuasoria que elimine los efectos del abuso en el
trabajador víctima de las prácticas abusivas ilícitas.
4.- Implementar un Plan
de Inspección básico obligatorio en todas las Administraciones territoriales
que determine, conforme a los criterios anteriores, qué trabajadores se
encuentran en situación de abuso.
5.- Prohibir el cese de
todo temporal hasta la oportuna comprobación o inspección, que determine qué
relaciones son abusivas para, en este caso, se imponga y ejecute la debida
sanción.
En relación a la
sanción, proponemos que se aplique el propio Estatuto Básico cuando no
concurren las causas de cese vinculadas a la temporalidad, por
desnaturalización de la relación temporal. Es decir, que no se pueda cesar al
trabajador temporal hasta que concurran las causas generales de cese
establecidas en el artículo 10.2 –redacción original del EBEP- en relación con
el artículo 63 del EBEP para todo empleado público. La “fijeza” como sanción ha
sido aconsejada por el Parlamento Europeo y es la alternativa para evitar un
despilfarro del erario público en indemnizaciones -como única alternativa a la
estabilización efectiva-. Esta sanción debe extenderse a todos los supuestos de
abuso y en todo el sector público y a cada categoría o clase de relación
temporal, es decir, a todo trabajador con cualquier tipo de relación temporal
abusiva, a los que ocupan plaza y a los que no, a quienes accedan al empleo
público tras la entrada en vigor de la nueva ley y a quienes accedieron al
empleo público antes.
El debate
parlamentario, por tanto, no puede falsearse, haciéndolo girar sobre qué tipo
de proceso selectivo se decide aplicar (y dejando a las CCAA y EELL que cada
uno obre según le interese), sino que debe centrarse en establecer los
criterios para determinar qué relaciones son abusivas, de acuerdo a los
criterios del TJUE, porque ello permitirá crear “un mapa de abuso” y actuar en
consecuencia. Y tampoco deben lanzarse al debate propuestas arbitrarias, en
tanto que no se basan en un criterio objetivo de abuso.
En definitiva, el limbo
jurídico al que están sometidos más de 800.000 empleados públicos temporales (3
de cada 4 son mujeres de más de 50 años) es ya el caos idóneo para confundir al
trabajador, a la opinión pública y a Bruselas, donde deberemos continuar todas
las actuaciones que sean necesarias. Mucho nos tememos que la ausencia de
voluntad política real conducirá a un incremento de la litigiosidad y del coste
humano, social y económico, que acabarán asumiendo los ciudadanos y las victimas
de las conductas ilícitas producidas en el Sector público. A estos costes a los
que se suman el miedo a represalias que más de uno sufre y que le paraliza para
demandar. Eso sí, hasta que se ve en la calle.
En cualquier caso, felicitamos
a la diputada canaria por su apoyo a los cientos de familias angustiadas por su
precaria situación laboral y animamos a otros diputados y a todos los grupos
parlamentarios a secundar esta moción, que se debatirá y votará hoy en el
Congreso de los Diputados y que supone un hilo de esperanza para todos los
empleados públicos afectados por la temporalidad abusiva o la contratación en
fraude de ley.
Valladolid, 14 de septiembre
de 2021.
