Cabe temer esto tras constatar la
posición de las principales fuerzas políticas:
a)
Iniciamos la revisión con las
declaraciones del Secretario
General de UGT en TVE, reiterada
luego, también por el S.G. de CCOO,
en el Foro de la Justicia. (Muchos compañeros suponen que los sindicatos
mayoritarios defienden más el negocio de las academias de opositores que a los
trabajadores más precarios de todo el sector público. Todos nos escandalizamos
de que consientan, con los planes de estabilización de las LPGE de 2017 y 2018,
el intercambio de unos trabajadores –en abuso- por otros –los nuevos
opositores-.)
b)
Luego conocimos las medidas propuestas ante
las elecciones autonómicas catalanas. Y nos referimos especialmente a las
del PSOE y del PP, porque les suponemos una línea similar en el resto del Estado.
c)
La posición
del PP en la Asamblea de Madrid
que, por su importancia, puede considerarse un segundo Parlamento Nacional.
d)
El acuerdo
tácito PSOE-PP a la hora de vetar la
proposición de Ley de Compromís en el Senado, que reclamaba un proceso de
consolidación por concurso de méritos.
e)
El debate
sobre la enmienda transaccional presentada por el PSOE a la Ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de
Castilla y León. Y queremos destacar los argumentos del PSOE y el PP (y Ciudadanos, por incomparecencia y a
pesar de su PNL
en el Congreso de los Diputados y su posición ante las elecciones
catalanas, ya referida más arriba).
Como “resumen detallado” (permitidme la
contradicción):
a)
PP,
PSOE, UGT, CCOO y CSIF defienden las cuatro esquinitas
del mismo castillo: los procesos de
estabilización, que son válidos mientras no se reconozca el abuso. (Dicho de otro modo, la Administración no se opone a conceder la "fijeza": se opone a la inspección, para que no se detecten los abusos que merecerían la sanción, sea la fijeza u otra. Vamos, que la fijeza no es el problema: el problema es la ausencia de inspección con los criterios del TJUE.)
b)
Unidas
PODEMOS ejecuta, desde Moncloa, un plan reforzado de
inspección a la empresa privada, pero olvida que la misma y única fuente de
legalidad para combatir los abusos, en lo privado y en lo público, es la
Directiva 1999/70/CE, que rige para ambos sectores por igual.
c)
Ciudadanos,
en el Congreso (Pablo Cambronero, Edmundo Bal) y en Cataluña, es
coherente con la línea iniciada en el Parlamento Europeo (preguntas del
eurodiputado Jordi Cañas: una,
dos
y tres),
pero se ve amordazado –¿?- por el PP,
con quien gobierna en coalición en comunidades como Castilla y León.
d)
Los partidos minoritarios (es decir, con
una representatividad muy irregular en los diversos parlamentos autonómicos)
han prestado su voz a los empleados públicos temporales pero o no se les ha
transmitido de forma precisa y constante el problema del abuso (y lo han confundido
con una demanda de acceso “facilitado”) o no han sabido ponderar justamente la
situación, por problemas de agenda, de disposición o –insistimos- de criterio
desinformado. Así, por ejemplo, la curiosa propuesta
inicial del PNV y la registrada
por el senador Clemente Sánchez-Garnica –abducidas
ambas por la del PSOE- o la moción
del senador Carles Mulet.
e)
Ninguna Administración Pública quiere reconocer
la situación de abuso. Así, en un “vuelva
usted mañana” corregido y aumentado, los partidos del gobierno de la nación
defienden que las tasas de temporalidad en la AGE ya son inferiores al objetivo
del 8% y que, en consecuencia, es un problema de las CCAA (como si en estas no
gobernaran). Desde el tejado de enfrente, los gobiernos autonómicos reclaman
directrices comunes en el BOE, olvidando que conservan toda la responsabilidad y
todas las competencias sobre su propia Función Pública.
f)
Y todos, sindicatos y partidos
políticos, confunden el problema de la elevada temporalidad (que podría ser
lícita, aunque no sea deseable) con la ilegalidad del abuso de la temporalidad.
En consecuencia, (se) enredan con debates estériles sobre las tasas de
reposición y futuras –pero innecesarias- modificaciones legislativas, pero ninguno
asimila que la norma UE obliga a la inspección de CADA relación temporal
(inicio, renovación o cese) como único medio de prevenir y detectar los
posibles abusos que, además, requieren de sanción a la Administración
incumplidora y reparación de las consecuencias del abuso sobre el trabajador.
Estas medidas de sanción y reparación no están enumeradas en la Directiva
1999/70/CE (eso es lo que significa que la cláusula 5 de su Acuerdo Marco no
sea directamente aplicable), pero sí que son imprescindibles. Estas medidas de
sanción y reparación pueden ser las que decida la autoridad nacional, sean las que sean, mientras que sean
conformes con la jurisprudencia del TJUE. (A este respecto, recordemos aquí la Resolución
del Parlamento Europeo de 31 de mayo de 2018.)
g)
Por “completar
la figura retórica” y, sobre todo, el caos, la autodenominada “Coordinadora Estatal de Personal Público
Temporal (CEPPT)”, la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC) y la Asociación
Sindical Independiente de Justicia (ASIJ) convoca, organiza y apoya,
respectivamente, una concentración en las sedes de los Tribunales
Superiores de Justicia de todas las Comunidades Autónomas, para el próximo 19
de marzo. (De paso, como entidad adherida a la Agrupación Trabajadores Temporales Públicos –TTPs-, quiero dejar
constancia del rechazo absoluto al enorme despropósito que supone la
concentración citada, totalmente contraproducente y fuera de lugar.) Se decide
así quemar toda Roma culpando a los Tribunales de todos los males: el criterio
equivocado de algunos jueces, la irresponsabilidad impune de la Administración
y el poder político y sindical, la torpe argumentación de algunas demandas de
estabilidad, los propios tiempos de la Justicia y la absoluta falta de unidad
–y la pasividad, en informarse y movilizarse- del colectivo. (Falta de unidad,
por otra parte, propiciada por los mismos intereses políticos que conocemos
dentro de la citada CEPPT -¿no os recuerda al logo de la extinta CCCP?- y que sabotearon
a la PI –plataforma nacional de interinos- y al proyecto electoral europeo de
CLAVE, entre otros.)
Soy muy pesimista. La vía política está en vía
muerta a día de hoy. No sé si de forma definitiva. Dependerá de que los
partidos políticos, los que alguna vez nos han escuchado y los que sólo se han
puesto para la foto, ponderen de forma valiente y correcta la situación y las
consecuencias sociales y económicas sobre los cientos de miles de empleados
públicos temporales que accedieron a la función pública superando los procesos
selectivos –firmes y no controvertidos- que determinaron las Administraciones y
que han ejercido y ejercen en aquellos puestos de trabajo que otros no desean,
y en condiciones de precariedad y sometidos a la arbitrariedad de quienes los
emplean. A estos cientos de miles de empleados públicos temporales únicamente
se les ofrece la posibilidad de estabilidad con nuevos procesos selectivos de
libre concurrencia, confundiendo y enfrentando el derecho adquirido (los
trabajadores en abuso) con la expectativa de derecho (los nuevos opositores).
El cese (despido libre y gratuito en pleno siglo XXI) de estos cientos de miles
de empleados públicos temporales acaso disminuya el paro juvenil, pero lo será
a costa de incrementar el paro de larga duración (femenino y en edades
superiores a los 50 años). Esto también
se oculta a la UE.
Es cierto, como dijo Mulet, que “la única batalla que se pierde es la que se abandona [y que] los funcionarios en fraude de ley –debió
decir “abuso”-, tienen la razón de su
parte y se pongan como se pongan aquí en esta comisión, o en el Gobierno, van a
conseguirlo”. Pero la batalla hay que pelearla ya en los otros frentes que
permanecen vivos: Europa y la Justicia. Por supuesto. Porque, si la vía
política está en una vía muerta, tampoco tienen sentido ya las movilizaciones
que buscaban apoyar el objetivo único y
declarado de activar los controles de la legalidad sobre la contratación de
los empleados públicos temporales.
Veremos.
José Gómez Fernández, presidente del Sindicato
Segoviano de Veterinarios (SISEVE), entidad adherida a la Agrupación
Trabajadores Temporales Públicos (TTPs).
